Proyecto: Caso Teleamazonas, Banco Pichincha (página 2)

Partes: 1, 2

Dicha grabación se escucha
una conversación entre Rafael Correa, Ricardo
Patiño y la asambleísta Silvia Salgado.
El audio recoge supuestas versiones sobre cambios a
la Constitución de Montecristi.

Correa afirmó que "Fernando
Balda fue expulsado de Alianza País por ambicioso e
inescrupuloso, y cuando lo expulsamos se unió con Sociedad
Patriótica. Y a esta persona le da espacio el
inefable Jorgito Ortiz, para que diga que se cambió la
Constitución y que se aprobó algo
falso."

"Cómo alguien puede decir
tamaña barbaridad; que nos digan cual artículo se
ha cambiado.

Acá está la
Constitución, o es que acaso los 8 millones de
ecuatorianos que votamos por la Constitución son unos
torpes e incompetentes, que no se dieron cuenta por lo que
votaron", agregó.

Dicho diálogo fue grabado en una
reunión en el despacho presidencial; han espiado al
Presidente, eso es un atentado a la seguridad nacional y este
pobre hombre se va a ir preso".

El literal h -de la Ley de
Radiodifusión, continuó- indica que está
prohibido la reproducción de imágenes y audios
grabados de forma clandestina y no autorizadas por parte de los
involucrados, de esta manera se afecta el derecho a la
intimidad.

La Red de Monitoreo de Amenazas a la Libertad de Prensa
(Funda medios) también se hizo eco de las
declaraciones del Presidente. Sin embargo, no expresó
pronunciamiento alguno.

Marco
conceptual

NULIDAD PARA SUSPENDER SANCIÓN INTERPUSO CANAL ANTE
LA SUPERTEL

TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO

VIERNES 25 DE DICIEMBRE DEL 2009

Monografias.com

QUITO. Teleamazonas volverá al aire esta tarde.
Pese a la suspensión por 72 horas, notificada el martes
pasado, su personal trabajó y cubrió noticias
normalmente, aunque no tenían emisiones.

La estación Teleamazonas presentó
ayer un nuevo recurso legal con miras a dejar sin efecto la
suspensión de sus emisiones impuesta por la autoridad. El
canal, sin embargo, retomará la señal a las 17:08
de hoy, luego de 72 horas de haber estado fuera del aire, como se
dispuso.

Sebastián Corral, gerente general de
Teleamazonas, dejó el recurso de nulidad hacia el
mediodía en la Superintendencia de Telecomunicaciones
(Supertel), el ente que ordenó la medida contra este
medio. En el pedido, Corral argumenta que la suspensión
del canal "adolece de nulidad de pleno derecho, por ser
violatoria de derechos y principios constitucionales".

Pablo Ortiz, abogado de la estación,
explicó que el nuevo recurso, que se sustenta en el
artículo 129 del Estatuto de Régimen
Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva,
incluye también un pedido de levantamiento de la orden de
suspensión dada por la autoridad.

El miércoles, la defensa de Teleamazonas
presentó una acción extraordinaria de
protección ante un juez de lo Civil y una apelación
ante el Consejo Nacional de Telecomunicaciones
(Conatel).

La acción de protección
recayó en el Juzgado Octavo de la Niñez y
Adolescencia, comentó Ortiz. Entre tanto, la
apelación presentada ante el Conatel tendrá un
plazo de 15 días para tramitarse. Los tres recursos
presentados por Teleamazonas no serán los
únicos.

El abogado del canal afirmó ayer que
en el transcurso de este feriado analizará las causas que
sustentarán la acción penal que presentará
en contra del superintendente de Telecomunicaciones,
Fabián Jaramillo.

De acuerdo con Ortiz, "será una
acción penal personal en contra del Superintendente".Los
ejecutivos del canal argumentan que las acciones hasta ahora
emprendidas no son constitucionales y explicaron sus razones: la
Constitución elaborada por el propio Gobierno establece
que ninguna persona puede ser sancionada si el delito o la
sanción no está tipificada en una ley.

En el caso de la suspensión de
emisiones, la sanción está en el Reglamento a la
Ley de Radiodifusión y Televisión, detalló
Ortiz.

Jaramillo, por su parte, en declaraciones a
Ecuavisa el miércoles pasado,
señaló que la disposición no es con el
afán de este organismo de cerrar ningún medio de
comunicación. "Lo único que esperamos es el
cumplimiento de la ley y de los contratos de concesión",
afirmó.

La programación del canal
actualmente se emite a través de la señal de
Teleamazonas Internacional, a excepción de los
noticiarios.

Reacción: Postura de la SIP

"Represalia anunciada"

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)
criticó la suspensión de tres días impuesta
a Teleamazonas, calificándola de "represalia
anunciada", al tratarse de una medida contra un canal
víctima de hostigamiento oficial a través de
reiterados procesos administrativos. Mientras que el presidente
de la Comisión de Libertad de Prensa e Información
de la SIP, Robert Rivard, agregó que "esta conducta
administrativa es una pequeña muestra del instrumento que
está patrocinando el gobierno a través de la Ley de
Comunicación, que pudiera constituirse en un instrumento
de amenaza permanente de censura".

POSIBLES VACÍOS LEGALES EN CASO TELEAMAZONAS

TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO

DOMINGO 27 DE DICIEMBRE DEL 2009

Monografias.com

QUITO. El personal de Teleamazonas
trabajó con normalidad durante los tres días de
suspensión de la señal, que se levantó el
pasado viernes. Anoche estaba previsto la emisión de un
informativo con los reportajes que no se
transmitieron.

A cuatro meses y medio de su
creación, al Conatel (Consejo Nacional de
Telecomunicaciones) le tocó dictaminar la
suspensión del canal Teleamazonas por tres
días.

Ayer, el presidente Rafael Correa
defendió la legalidad de la medida. Las resoluciones que
desde el 13 de agosto está tomando el nuevo Conatel
han revivido la incertidumbre jurídica de las
decisiones adoptadas. Representantes de gremios de
comunicación visualizan vacíos que esperan
solucionarlos con la intervención del Tribunal
Constitucional.

El nuevo Conatel surgió en
agosto en reemplazo del Consejo Nacional de Radiodifusión
y Televisión (Conartel), que desapareció por la
fusión con el primer cuerpo colegiado.

En cuatro meses y medio ha decidido la suspensión
de emisiones de Teleamazonas y la rescisión
del contrato de concesión de la frecuencia de la radio
la Voz de Arutam , que está en proceso de
apelación.

Kléber Chica, presidente de la Asociación
Ecuatoriana de Radiodifusión, núcleo del Guayas,
asevera que se siente "en el limbo" con respecto a
las últimas decisiones del organismo. Ello,
porque el Conatel y el extinto Conartel fueron creados
por ley y un decreto no podría
eliminarlos.

Igual percepción tiene José Pileggi, ex
presidente del Conatel, quien indica que "todo lo resuelto por el
Conatel está en el limbo jurídico". Según el
ex funcionario, el actual Consejo está tomándose
atribuciones que no le competen por ley.

¿Por qué surgen esos argumentos? El 13 de
agosto, el presidente Rafael Correa emitió el
Decreto Nº 8, en el que creó el Ministerio de
Telecomunicaciones y entre otras cosas fusionó al Conartel
con el Conatel.Tal decisión se amparó en el
artículo 17 de la Ley de Modernización que
señala que el Jefe de Estado "tendrá la facultad de
emitir disposiciones normativas de tipo administrativo dentro del
ámbito del Gobierno central para fusionar aquellas
entidades públicas que dupliquen funciones y actividades,
o que puedan desempeñarse más eficientemente
fusionadas y para reorganizar y suprimir entidades cuya
naturaleza haya dejado de ser prioritaria e indispensable para el
desarrollo nacional (…)".

El sustento, sin embargo, no convence a Pileggi, quien
aun cuando comparte la necesidad de fusionar al Conartel y
Conatel –porque el primero quería tener
autonomía para el uso de las frecuencias– no apoya
el procedimiento adoptado.Indica que ambos consejos fueron
creados por ley y que por ley deberían desaparecer, pues
un decreto no puede otorgar atribuciones que están
permitidas en la ley (de Radiodifusión y
Televisión) a otro cuerpo colegiado. Agrega que la
desaparición de un consejo le hubiese resultado
fácil al Gobierno, pues cuenta con una legislatura a su
favor.

Roberto Aspiazu, representante de las cámaras
ante el Conatel, explica que decidieron allanarse a la
fusión, pese a las dudas, porque encontraron el hecho
consumado. Resolvieron no presentar una demanda ante la
Corte Constitucional porque resultaba inoficioso, debido a que
sus integrantes no tienen independencia del Gobierno.

Chica y Pileggi, en cambio, coincidieron en la necesidad
de una demanda de inconstitucionalidad para ayudar a clarificar
el asunto y no causar un desorden jurídico mayor al antes
existente.

Marcel Rivas, presidente de la Asociación de
Canales de Televisión, fue más tajante: "ninguna
ley puede estar por encima de la Constitución y solo
exigimos que se la respete, dijo, más aún cuando
fue aprobada en referéndum por la mayoría de
ecuatorianos".

Rivas asegura que esa posición la adoptaron
más de 300 canales agremiados, 1.200 radios agrupadas y
más de 400 canales codificados.

Los consultados coincidieron en que si la ley
conformó y constituyó un Consejo, único
facultado para el otorgamiento de licencia y concesiones, es el
que puede, a través de un debido proceso, establecer
sanciones administrativas o aplicación de justicia
vía jurisdicción ordinaria.

Cronología: Cierre de medios

25 de junio de 1970

El canal 2 de Guayaquil (actualmente Ecuavisa) suspende
todos sus editoriales y comentarios políticos en
oposición a las advertencias de clausura del gobernador
del Guayas, Héctor Espinel Chiriboga. (Ese mismo mes,
José María Velasco Ibarra se había declarado
jefe supremo).

26 de septiembre de 1970

El alcalde de Guayaquil, Francisco
Huerta Montalvo, realiza fuertes críticas al
régimen velasquista en las instalaciones de canal 2
acusándolo de pretender defenestrar a funcionarios
municipales y de arbitrariedades en el país.

27 de septiembre de 1970

El Gobierno dispone la
detención de Huerta. La Policía lo aprehende cuando
llegaba al set para una entrevista. Se ordena la inmediata
suspensión de la señal de canal 2. El medio acata
la disposición y al día siguiente reabre su
señal.2 de enero de 1972

Por una broma por el Día
de los Inocentes, el canal 8 de Quito transmite una falsa
información que decía que el Gobierno de Velasco
Ibarra había decidido suspender las elecciones y seguir en
el poder por dos años más. El régimen
clausura al medio por propagar supuestamente falsos rumores. El
canal de televisión reabre su señal el
día 6.

1 de septiembre de 1975

Por disposición del gobierno
militar presidido por el Gral. Guillermo Rodríguez Lara se
dispone la suspensión de las transmisiones a todas las
radiodifusoras del país en cumplimiento a la Ley Nacional
de Radiodifusión, durante el levantamiento militar del
Gral. Raúl González Alvear.

Gobierno contrarresta críticas

Medio oficial

La web del periódico oficial
El Ciudadano publicó el 23 de diciembre una nota titulada:
"Varios medios fueron suspendidos o clausurados en los
últimos años". Allí menciona al gobierno de
León Febres-Cordero y cita como referentes un
artículo del historiador Juan Paz y Miño y el libro
Informe de una clausura, de Andrés Carrión. Nombra
también a los regímenes de Rodrigo Borja y Sixto
Durán-Ballén y a Lucio Gutiérrez y Gustavo
Noboa por sus fuertes críticas a la prensa.Debido
proceso

"Siempre existió el debido proceso
en el caso de Teleamazonas y radio Arutam", publicó el 24
de diciembre El Ciudadano. En esa nota dice que una vez que la
Supertel dio a conocer la sanción al canal, este
tenía la potestad de apelar en un término de ocho
días (hábiles) ante el Conartel. Y agrega que "por
decisión propia y voluntaria Teleamazonas apagó su
señal, en otras palabras, en ningún momento la
estación televisiva ha sido privada de su derecho al
debido proceso".

Reacción de Patiño

El ministro de la Política, Ricardo
Patiño, sostuvo que respeta la autonomía de la
Superintendencia de Telecomunicaciones de cerrar por 72 horas a
Teleamazonas. "Entiendo que desde mayo o junio se inició
este proceso y es una resolución autónoma de la
Supertel… si ellos (canal) han incumplido la ley y la ley le
permite al superintendente tomar decisiones sancionadoras,
tenemos que respetar". Dijo que hace unos días el SRI
suspendió a radio La Prensa y no hubo tanto
escándalo.

EQUIPO PERIODÍSTICO DE
TELEVISORA FUE AGREDIDO

TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO

MIÉRCOLES 30 DE DICIEMBRE DEL 2009

Monografias.com

QUITO. Manuel Tumbaco (i) y Carlos Quimzo
fueron agredidos ayer por personas desconocidas, que destruyeron
la cámara.

Un equipo del noticiario "24 Horas", de
Teleamazonas, sufrió ayer una agresión por
parte de dos individuos inidentificados.

Ana María Cañizares,
reportera; Manuel Tumbaco, camarógrafo, y Francisco
Quimzo, asistente, salieron de la Asamblea pasado del
mediodía tras recopilar reacciones sobre las fallidas
intervenciones del superintendente de Telecomunicaciones,
Fabián Jaramillo, y del ministro de ese ramo, Jorge Glas,
quienes iban a exponer los motivos de la suspensión de ese
canal y la rescisión de la concesión a la radio
La Voz de Arutam (Morona Santiago).Quimzo narró
que a los pocos minutos de salir se percató de que una
camioneta Fiat blanca con la placa pintada del mismo color los
seguía. Cañizares reparó en el hecho en el
Swissotel. "A la altura de la (av.) República, se paran al
lado de nosotros, porque nos coge el semáforo, y el
conductor, un costeño, comienza a darnos besos. Dice:
qué, ¿te enamoraste? y nos lanza besos, lo cual no
le hicimos caso", explicó Quimzo.

El vehículo en el que se movilizaba
el personal del canal (un Fiat plomo) no tiene logotipo, pero
Tumbaco señaló que él colocó un cubo
con el identificativo del medio en la parte de atrás del
carro.

Al continuar su trayecto a
Teleamazonas, el otro vehículo los siguió
hasta que en la bajada del paso a desnivel de la av.
República, los rebasó y se interpuso en el camino,
por lo que Quimzo –quien conducía–
frenó a raya para evitar el impacto.Los individuos se
acercaron al carro del canal, empezaron a golpear las puertas y
uno de ellos agredió a Quimzo con un golpe de puño
en el rostro, ante lo cual reaccionó. Tumbaco
empezó a grabar el hecho con su cámara y fue
amenazado por el otro sujeto con la frase "qué vas a
filmar, qué vas a filmar". En el forcejeo, la
cámara Sony 170, que cuesta entre $ 3.000 y $ 4.000,
cayó al suelo y se rompió, pero sí
registró la pelea, que fue difundida en los informativos
de Teleamazonas.

Quimzo contó que con un bolígrafo de su
propiedad el agresor le lastimó la espalda, por lo que
tiene varias laceraciones, y su camisa tuvo una rotura.
Cañizares, mientras tanto, lloraba y gritaba "vamos al
canal".

En medio de la confusión, los agresores, a bordo
de la camioneta blanca, emprendieron la huida por la av.
Occidental.

La periodista tuvo un ataque de nervios. Horas
más tarde y más calmada, comentó:
"Estábamos tranquilos cumpliendo nuestro trabajo, ni
siquiera manejando mal, despacio, no quisiera atribuir a algo,
porque no quisiera pensar mal".

Tumbaco dijo que aunque en varias coberturas hay
personas que gritan "mentirosos, prensa corrupta", es la primera
vez que sucede algo así.

ASAMBLEA INTENTA DEBATIR LA LEY EN EL DÍA DEL
PERIODISMO

TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO

MARTES 05 DE ENERO DEL 2010

QUITO. Las asambleístas Lourdes Tibán (i)
y Cynthia Viteri (d) durante el primer debate del proyecto de Ley
de Comunicación, realizado el pasado 22 de
diciembre.

En medio de un ambiente de desconfianza, los
asambleístas retoman hoy el primer debate de la Ley de
Comunicación que se suspendió el pasado 22 de
diciembre, cuando la Superintendencia de Telecomunicaciones
(Supertel) suspendió temporalmente la emisión de
Teleamazonas y se conoció el proceso de cierre de
la radio La Voz de Arutam (Morona Santiago).

El clima tenso entre los bloques llevó ayer a los
asambleístas de Sociedad Patriótica (SP) y
roldosistas a plantear que el acuerdo suscrito el pasado 17 de
diciembre sobre la base de siete puntos críticos del
proyecto, se consagre con las firmas de los legisladores de
aquellas bancadas que apoyan lo acordado.El punto central del
acuerdo determina la necesidad de crear un Consejo de
Comunicación e Información independiente del
Gobierno y de los poderes fácticos, con facultades
administrativas, el cual de ninguna manera podrá clausurar
o suspender administrativamente a ningún medio de
comunicación.Con base a ese texto, la Asamblea
inició el 22 de diciembre el debate, pero este se
truncó porque ese mismo día se resolvió la
suspensión de Teleamazonas, lo cual motivó
las advertencias desde la oposición de abrirse del
acuerdo. El único sector que se mantiene en esa
línea es la agrupación política Madera de
Guerrero con siete votos.

El resto de bancadas han señalado que
están dentro del acuerdo, pero SP ayer emplazó a
los asambleístas del movimiento PAIS a que consagren el
acuerdo firmando el documento; esa misma posición la
asumió Abdalá Bucaram Pulley (PRE), quien dijo que
en un ambiente de desconfianza es necesario que el acuerdo
esté acompañado de las firmas de quienes dicen
estar a favor de los siete puntos críticos, pues eso
asegurará el respaldo necesario de votos en caso que haya
un veto parcial desde el Ejecutivo.

La coordinadora del bloque PAIS, Gina Godoy, dijo que
personalmente considera que no habría problemas para que
sus coidearios suscriban el acuerdo, aunque advirtió que
ese planteamiento será expuesto en una sesión de
bloque.

Sin embargo, su compañero de bancada, Mauro
Andino, consideró que no es necesario hablar de firmas,
aunque a renglón seguido afirmó que nadie puede
asegurar que los 57 votos de PAIS están a favor de lo
suscrito por el presidente Fernando Cordero y varios
representantes de bancadas y grupos políticos de la
Asamblea."No tenemos problema y creo que no sería un
problema el registrar las 57 firmas a favor del acuerdo, pero en
todo caso será motivo de consulta al interior del bloque",
afirmó Godoy.

Alfredo Ortiz, del grupo Acuerdo Democrático por
la Equidad (ADE), afirmó que los siete votos que poseen
están en la línea de respetar el acuerdo, y si para
ello se necesita firmar no habría inconveniente, pero todo
deberá ser consultado entre su bloque,
añadió.

También reconoció que este acuerdo se
viabiliza en medio del debate y análisis de la
distribución de rentas contempladas en el presupuesto del
2010 a favor de los municipios; para ello, destacó que la
fórmula presentada por la Ministra de Finanzas es "muy
buena", que tendrá pequeños ajustes, pero que
apuntarán a la equidad en el reparto de
recursos.

Pero Bucaram Pulley, dijo que es vergonzoso
que hayan asambleístas que reconozcan públicamente
que el acuerdo a favor de la Ley de Comunicación
también implique una distribución equitativa de
recursos a favor de gobiernos seccionales. Y añadió
que hay que tomar medidas para que el acuerdo funcione, y para
ello, hoy planteará que se recojan firmas de respaldo para
garantizar una mayoría sólida en caso de una
objeción parcial desde Carondelet.Paco Moncayo, del
movimiento Libertad, dijo compartir la idea de suscribir el
acuerdo, más allá de los representantes de las
bancadas, porque está de por medio la palabra
dada.

Día del periodista

Autoconvocatoria Hoy, el país
conmemora el Día del Periodista, por esta razón los
comunicadores de la capital se autoconvocaron a una marcha a las
09:00 en el monumento a Eugenio Espejo, situado en la avenida 24
de Mayo y Venezuela. Libertad de prensa

De allí se desplazarán a la
plaza González Suárez (Centro Histórico de
Quito), indicó Juan Carlos Calderón, jefe regional
de diario Expreso, quien dijo que este no es el primero ni el
último Gobierno que ejerce este tipo de presión;
sin embargo, considera que a pesar de esto se debe insistir en la
libertad de prensa.Lectura de acta

En la concentración se leerá
un acta que contiene principios de la libertad de
expresión, el quehacer periodístico y el pedido de
respeto al ejercicio de la profesión.No marcha
política

No será una marcha política,
aseguraron periodistas, sino de reivindicación del oficio
del periodismo. Los comunicadores sociales irán portando
sus herramientas de trabajo como grabadoras, libretas y
cámaras.Las posiciones

Gina Godoy

ASAMBLEÍSTA DE PAIS

"El presidente Rafael Correa se comprometió a
respetar el acuerdo que lideró Fernando
Cordero".

Andrés Roche

ASAMBLEÍSTA DE MG

"No se puede confiar en alguien que cuando se
discute la Ley de Comunicación ordene cerrar
Teleamazonas".

Paco Moncayo

ASAMBLEÍSTA DE ML

"He conversado con asambleístas del bloque de
gobierno que están de acuerdo con los siete puntos que
consensuamos".

ESTADO SERÁ DENUNCIADO ANTE LA OEA

TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO

MARTES 05 DE ENERO DEL 2010

QUITO. El pasado 22 de diciembre la Supertel dispuso la
suspensión temporal del canal Teleamazonas.

La Junta Cívica de Guayaquil
presentará ante la Comisión Interamericana de la
Organización de Estados Americanos (OEA) una denuncia
contra el Estado ecuatoriano por haber violado la libertad a
informarse de los ciudadanos.Su presidente, Miguel Palacios, dijo
que esta violación ocurrió cuando la
Superintendencia de Telecomunicaciones (Supertel) ordenó
la suspensión temporal de Teleamazonas y
aclaró que la medida no es en defensa al canal, sino al
derecho de los ciudadanos a informarse de la manera que estimen
conveniente.Para sustentarla, se argumentará que hubo una
violación a la Convención Americana de Derechos
Humanos, del cual Ecuador es suscriptor, indicó el jurista
Roberto López, miembro de la Junta.

"La convención en su artículo
13 garantiza la libertad de expresión y dice que no se la
puede restringir ni si quiera por medios indirectos",
explicó.

El gremio interpondrá el proceso la
próxima semana vía internet, y hasta tanto
decidirá si una delegación viajará a
Washington para ratificarlo.

En tanto, los procesos jurídicos en
torno a la suspensión de Teleamazonas,
continúan.La jueza 8ª de la Niñez y
Adolescencia de Pichincha, Elena Ortega, tenía de plazo
hasta ayer para emitir su fallo sobre la acción de
protección que planteó la defensa del canal, pero
hasta el cierre de esta edición no había un
pronunciamiento.El medio fue sancionado el 22 de diciembre por la
Supertel con la suspensión por 72 horas, por reincidir en
la difusión de una noticia basada en supuestos.
Según el organismo de control la reincidencia se dio
cuando transmitió un reportaje sobre el supuesto perjuicio
a la pesca en la isla Puná, debido a los trabajos de
exploración.

La demanda busca que se declare inaplicable
la sanción y que se reparen de forma integral los
daños causados.

El abogado del canal, Pablo Ortiz,
aseguró la semana pasada que si hay una sentencia
favorable se iniciará un proceso civil para hacer efectiva
la reparación de los daños. Pero que, si es
negativa, queda la posibilidad de la apelación.En la
audiencia del 29 de diciembre, Ortiz reclamó que el
castigo de la Superintendencia se basó en el Reglamento y
no en la Ley de Radiodifusión y Televisión, como lo
exige la Constitución. Pero la Supertel, a través
de su representante legal, Juan José Morillo,
respondió que la ley sí contempla sanciones, pero
dispone que sea el Reglamento el que defina el tipo de
infracciones y los castigos.

Además de la acción de protección,
Teleamazonas pidió la nulidad de la
sanción a la propia Supertel y apeló ante el
Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

JUEZA NEGÓ RECURSO DE PROTECCIÓN A
TELEAMAZONAS

TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO

MIÉRCOLES 06 DE ENERO DEL 2010

QUITO. Sebastián Corral, gerente de Teleamazonas,
y la jueza Elena Ortega, durante la audiencia del 29 de
diciembre.

La jueza octava de la Niñez y Adolescencia, Elena
Ortega, negó ayer la acción de protección
que solicitó el gerente general de
Teleamazonas, Sebastián Corral. El canal
fue sancionado con la suspensión de las emisiones entre el
22 y el 25 de diciembre pasados por incurrir en infracción
legal, según las autoridades.De acuerdo con la sentencia
emitida, la jueza no consideró que se haya violado
ningún derecho constitucional y se mantiene el derecho a
la apelación presentada por Teleamazonas ante el
Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

Pablo Ortiz, abogado de la televisora, aseguró
que tras la notificación, el canal empezó a
estudiar la negativa de la jueza para presentar en su momento las
acciones que correspondan.

Adelantó, sin embargo, que se apelará la
sanción ante la Corte Provincial, antes Corte Superior, y
dependiendo de la respuesta se podrá incluso recurrir al
Tribunal Constitucional.

De ese modo, Ortiz todavía encuentra
instancias legales adonde acudir para intentar mantener su
derecho a la defensa sobre este caso.

Teleamazonas fue sancionado por
reincidencia, con el argumento de que difundió una noticia
basada en supuestos sobre una posible afectación a la
pesca en la isla Puná, por el inicio de los trabajos de
exploración de la empresa venezolana
Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

La primera sanción, por la misma
figura legal, la recibió cuando difundió en vivo y
en directo una noticia sobre un supuesto centro de cómputo
clandestino del Consejo Nacional Electoral (CNE), ubicado en el
cerrado supermercado Santa Isabel, en Guayaquil.

Aval del mandatario

El presidente Rafael Correa aplaudió
el fallo de la Jueza Octava de la Niñez y Adolescencia,
quien rechazó la acción de protección de
Teleamazonas.Dijo que esto no hubiera ocurrido antes,
pues la justicia se sometía "a ese poder corrupto,
frecuentemente, como es la prensa".

Pese a esta y otras críticas que
refirió en su visita a Guayaquil, felicitó a los
"verdaderos periodistas", que ayer celebraron su
día.

CONATEL DESESTIMÓ RECURSO DE APELACIÓN DE
TELEAMAZONAS

TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO

MARTES 19 DE ENERO DE 2010

EFE | QUITO

El Consejo Nacional de Telecomunciaciones (Conatel)
resolvió hoy desestimar el recurso de apelación que
Teleamazonas presentó a la resolución de
la Superintendencia de Telecomunicaciones (Supertel) que
suspendió sus emisiones por 72 horas.

Con cuatro votos a favor y un voto en contra, el
Conatel ratificó la decisión de la Supertel del
pasado 21 de diciembre de imponer a Teleamazonas una
sanción de suspensión de emisiones por tres
días "por haber cometido infracción administrativa"
al retransmitir "una noticia basada en supuestos", explica un
comunicado del Conatel.

En la sesión estuvieron presentes
Sebastián Corral, gerente general de la cadena, y Pablo
Ortiz, asesor jurídico, para "exponer sus argumentos de
defensa", añade el texto.

Teleamazonas interpuso un recurso de
apelación ante el Conatel tras considerar que con la
decisión de la Supertel no se respetó el derecho de
defensa de la empresa.

Además de esa apelación, el canal
presentó un recurso de protección ante un juzgado
de Quito, que también le fue negado, ante lo cual
tramitó una apelación en la Corte de Justicia
provincial, que aún no se ha resuelto.

La cadena argumenta que la negación del juzgado
al recurso de protección "claramente, violenta las normas
constitucionales y legales" y que ha violado "el debido proceso"
y "la tutela judicial efectiva".

También considera que la sanción por la
que tuvo que suspender sus emisiones coartó la libertad de
pensamiento, comunicación e información.

En diciembre pasado, la Supertel
sancionó a Teleamazonas por haber transmitido un
reportaje sobre la supuesta afectación en la pesca de la
isla Puná por la exploración de gas natural a cargo
de la petrolera venezolana PDVSA.La Supertel consideró que
esa información estaba basada en supuestos y que,
eventualmente, podía haber causado una conmoción
social en la zona.

Teleamazonas alegó, por su
parte, que el reportaje por el que fue sancionada no se
basó en supuestos sino que transmitió el temor de
los pescadores de la zona.Además, la Supertel
estudió otros dos expedientes contra el canal, por haber
emitido corridas de toros en horarios no permitidos y por
informar de un supuesto centro clandestino electoral en torno a
los comicios generales de abril pasado.El expediente sobre el
tema del gas en la isla Puná fue el tercero contra
Teleamazonas, que podía haber sido sancionado
hasta con tres meses de suspensión, aunque la autoridad
fijó tres días, tras los cuales, la cadena
volvió a transmitir con normalidad.

CONATEL ANALIZA HOY LA APELACIÓN DE
TELEAMAZONAS

TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO

MARTES 19 DE ENERO DEL 2010

QUITO. Teleamazonas salió del aire tres
días, desde la tarde del 22 de diciembre pasado, por una
sanción de la Superintendencia de
Telecomunicaciones.

El Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel)
revisa hoy el recurso de apelación que presentó
Teleamazonas el 23 de diciembre pasado por la
suspensión de emisiones del cual fue objeto.

"En este Consejo vamos a ver el tema de
Teleamazonas y de (la radio La Voz de)
Arutam la próxima semana", confirmó ayer
el presidente del directorio del Conatel y ministro de
Telecomunicaciones, Jorge Glas.

La sesión está convocada a las 08:30. La
agenda incluye catorce puntos, el tercero corresponde a la
apelación del canal.

A finales del año pasado, la Superintendencia de
Telecomunicaciones sancionó al canal con la
suspensión de emisiones por el lapso de 72 horas (tres
días) que se cumplieron entre el 22 y el 25 de
diciembre.

La Superintendencia determinó que
Teleamazonas incurrió en una infracción
administrativa al reincidir en el cometimiento de faltas cuando
transmitió dos noticias basadas en supuestos.

La primera información fue sobre la
instalación de un centro de cómputo supuestamente
clandestino que pertenecía al Consejo Nacional Electoral
(CNE), ubicado en un local de Guayaquil.

La reincidencia se configuró,
según la autoridad, cuando el canal difundió
semanas después otra noticia sobre una afectación
negativa que tendría en la pesca en la isla Puná
con el inicio de operaciones de las torres de exploración
de la petrolera estatal venezolana Pdvsa.

Según la norma vigente, el Consejo
frente a una apelación solo puede confirmar, revocar o
modificar.

Pablo Ortiz, abogado de la estación
televisiva, dudó que el Consejo revoque o modifique la
decisión tomada por lo que prepara el siguiente recurso
legal de la defensa.De acuerdo con lo establecido por la Ley de
Radiodifusión y Televisión, si la suspensión
fuera confirmada o modificada, el concesionario podrá
recurrir al Tribunal Distrital de lo Contencioso
Administrativo.

Liberado presunto agresor

Marco Toledo Chuncho (30 años),
involucrado en la supuesta agresión a un equipo del
noticiario "24 Horas" de Teleamazonas, el 29 de
diciembre, fue detenido la mañana del viernes 15 de
enero en La Ofelia, norte de la capital, por la Policía
Judicial. En la tarde se esperaba la audiencia de
formulación de cargos, pero el juez de flagrancia de turno
no halló méritos para realizarla.

CORREA COMPARA FALLO A FAVOR DE TELEVISORA CON
FILANBANCO

TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO

SÁBADO 06 DE FEBRERO DEL 2010

QUITO. El gerente de Teleamazonas, Sebastián
Corral, en la audiencia del 29 de diciembre pasado dentro de la
acción de protección que interpuso y que la jueza
Elena Ortega negó.

La sentencia de la Primera Sala de lo Penal de la Corte
de Justicia de Pichincha, que ordenó a las autoridades el
pago de una indemnización a Teleamazonas por
daño material, provocó ayer el respaldo del
presidente de la República, Rafael Correa, al
superintendente de Telecomunicaciones, Fabián Jaramillo.
El Presidente comparó el caso con Filanbanco y
anunció continuar en el litigio.

"Podría decirse que esa resolución es el
análogo a la sentencia del caso Isaías (ex
accionistas del banco), en donde se cambió lo resuelto
anteriormente por una petición de aclaración de un
fallo judicial", dijo Correa, en Riobamba, en donde
realizó su gabinete itinerante.

Según el Mandatario, se dejó en la
impunidad las irregularidades cometidas por ese canal, que
abusó de la libertad de expresión para manipular,
engañar y decir que había un centro de
cómputo clandestino y que se iba a suspender la pesca por
seis meses en la isla Puná.

El 1 de febrero pasado, la Primera Sala de
la Corte dispuso el pago por daños ocasionados a la
televisora, el momento en que la Superintendencia sancionó
al canal con la suspensión de las emisiones, durante 72
horas de manera inmediata, que se cumplió entre el 22 y el
25 de diciembre pasado. En esos tres días, el canal
salió del aire.

La jueza de primera instancia negó
el recurso de protección presentado por la defensa del
canal, que apeló la decisión a la Primera Sala de
la Corte, la cual aceptó el recurso y sentenció en
contra del Estado.Tal sentencia es de última instancia
(inapelable) y de cumplimiento obligatorio una vez ejecutoriada,
es decir, transcurridos los tres días laborales que la ley
otorga para que la contraparte impugne; esos días se
cumplieron ayer.

"Ciertos medios de comunicación hoy
se solazan porque un Tribunal supuestamente le dio la
razón, para mí aquello lo único que
demuestra es el poder inmenso que estamos enfrentando, no es solo
el informativo en este caso, sino el financiero. Vayan, vean de
quién es ese canal de televisión", refutó
Correa, de acuerdo con el portal oficial.

Néstor Arboleda, director de
Patrocinio Nacional de la Procuraduría General,
comentó que el Superintendente podría basarse en el
artículo 60 de la Ley de Garantías Constitucionales
para presentar un nuevo recurso de defensa, este sería una
acción extraordinaria de protección. Para ello
gozará de veinte días laborables.Ernesto
López, ex presidente del Tribunal Constitucional,
consideró que esa figura legal no procede porque, de
acuerdo con la Constitución, la Corte Constitucional tiene
que conocer los pedidos de protección para elaborar la
jurisprudencia; "eso le mandan los jueces y si tiene esa facultad
ya no tiene la otra. Sería un contrasentido que pueda
conocer un asunto a través de dos vías",
dijo.

Aunque Hernán Rivadeneira, ex
magistrado del Tribunal Constitucional, estimó lo
contrario. Si bien el recurso de protección concluye en
esa instancia, el gobierno puede invocar otra figura legal como
la acción extraordinaria de protección.En ese caso
las autoridades deberán plantear claramente cuáles
fueron los derechos constitucionales violados y plantear bien el
recurso porque pueden rechazar el documento, solo por fallas de
forma.

Pablo Ortiz, defensor del canal,
aseguró que la próxima semana anunciará las
acciones legales, pues aún estudian las
estratégicas, tras los anuncios gubernamentales.Rafael
Correa

MANDATARIO

"El juez de primera instancia había dado toda
la razón a la Superintendencia, mientras que los jueces
del Tribunal de segunda instancia dicen exactamente lo contrario.
¿Cómo es posible?".

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES RECHAZA FALLO EN
TELEAMAZONAS

TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO

JUEVES 04 DE FEBRERO DEL 2010

El superintendente de Telecomunicaciones,
Fabián Jaramillo, dijo este jueves sentirse "molesto" por
la decisión de la Corte de Pichincha, que ordenó
pagar una indemnización a Teleamazonas por la
suspensión de sus operaciones.La Superintendencia
resolvió en diciembre del 2009 suspender al canal las
emisiones durante 72 horas.

Jaramillo consideró que la sentencia
deja sin piso las acciones de los organismos de control de
telecomunicaciones.

"Deja insubsistente toda acción que
haya tomado la Superintendencia, igualmente las que puedan
ocurrir de ahora en adelante", dijo.

Por su parte, el gerente de Teleamazonas,
Sebastián Corral, aseveró que finalmente hay un
grupo de ciudadanos en Ecuador, en este caso jueces, que a
través de un dictamen hacen justicia y garantizan uno de
los derechos de los ciudadanos: la libertad de
escoger.

En entrevista con la AP, Corral
afirmó que esta decisión "es muy importante y
demuestra la independencia de los poderes del Estado".

Añadió que Teleamazonas
analiza entablar una demanda penal al superintendente de
Telecomunicaciones, Fabián Jaramillo, por haber
cometido una absoluta ilegalidad, haber actuado en contra de la
ley, además de otra demanda para reclamar daños y
perjuicios derivados de la suspensión de tres días
en las emisiones nacionales.

TELEAMAZONAS PLANEA TRES ACCIONES LEGALES; SUPER. ANALIZA
EL FALLO

TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO

VIERNES 05 DE FEBRERO DEL 2010

QUITO. El 22 de diciembre del 2009 se suspendieron por
tres días las emisiones de Teleamazonas.

Teleamazonas analiza tres acciones
legales en contra de la Superintendencia de
Telecomunicaciones una vez que la Corte de Pichincha
emitió una sentencia aceptando que la suspensión
temporal de la estación, el 22 de diciembre,
por transmitir información basada en supuestos,
violó derechos constitucionales y por ello tiene derecho a
una indemnización.

Una acción por daño moral, una
acción por daños y prejuicios y una acción
penal en contra del superintendente Fabián Jaramillo por
prevaricato, son las tres alternativas que Pablo Ortiz, abogado
del canal, considera viables una vez que la sentencia
de la Corte Provincial quede en firme o se
ejecutoríe.

En tanto, la Suptel tiene hasta hoy para decidir si pide
una ampliación, una aclaración o presenta una
apelación a la sentencia de la Corte.

Aunque, según Ortiz, en este caso la
apelación no cabe porque la sentencia es de última
instancia y solo se podría dar si los derechos
constitucionales de la Suptel habrían sido
afectados.

Pero el ministro de Telecomunicaciones, Jorge
Glas, habló ayer en Guayaquil de la
posibilidad de que el caso pueda subir a la Corte Constitucional
con un recurso extraordinario de protección.

"Sin haber estudiado jurídicamente el caso, pero
puedo decir con certeza de que eso tendrá que subirse a la
Corte Constitucional como un recurso extraordinario de
protección", señaló Glas, aunque
precisó que la apelación le corresponde
presentar a la Superintendencia de Telecomunicaciones.

No obstante, Ortiz replicó que a la Corte
Constitucional solo hay que enviar una copia del fallo para
efectos de jurisprudencia, pero "nada más".

El superintendente Fabián Jaramillo,
quien acompañó al ministro Glas a un evento
efectuado en Guayaquil, indicó que analizarán
profundamente el fallo para poder determinar las acciones que
seguirán y prefirió no definirlas. "No lo puedo
ocultar, me parece que es una sentencia que deja sin piso las
acciones que como Estado ecuatoriano debería
tomarse… Eso implica que de ahora en adelante los
radiodifusores tienen libertad total de infringir la ley, y no
hay ninguna organización que les vaya a controlar",
agregó Jaramillo.Dijo que "nuestro criterio es 180 grados
opuesto a lo que se ha manifestado (en la sentencia)
naturalmente".

El funcionario, sin embargo,
reconoció que el fallo deja insubsistente toda
acción que haya tomado la Superintendencia en este
caso como las que fueran a ocurrir a futuro. "No hay
ninguna posibilidad de sanción a la que hayan cometido los
radiodifusores y los sistemas de audio y video. Simplemente me
abstengo a lo que han expresado los jueces".

Sobre el caso, Vinicio Alvarado, secretario
de Administración, expresó que lo ocurrido
demuestra que no existe dominio del régimen hacia los
otros poderes del Estado y por ello la Suptel será la
encargada de responder y rebatir.El constitucionalista Ernesto
López señaló que en estricto derecho no
existe otra instancia a la que se pueda apelar la sentencia de la
Corte Provincial y una demanda de acción extraordinaria de
protección a la Corte Constitucional en la que piensa Glas
es un recurso que solo se utiliza cuando dicta sentencia la
Función Judicial como tal, en juicios de inquilinato,
divorcio, cheque, contratos. "Pero como la Corte Constitucional
es sumisa al Gobierno, podría el régimen presentar
la demanda extraordinaria de protección para impugnar esta
sentencia… lo que pasa es que para esa clase de cosas no
debería utilizarse, pero la Corte Constitucional la ha
venido utilizando cada vez que el Gobierno ha querido",
acotó López.

Textuales: Dos posiciones

Rafael Correa,

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

"La suspensión de Teleamazonas debió
ser por tres meses como lo determina la ley y no por tres
días (el 26 de diciembre del 2009)".

Fabián Jaramillo

SUPERINTENDENTE

"El fallo deja insubsistente toda acción
tomada por la Superintendencia en este caso como las que
fueran a ocurrir a futuro".

CANAL PIDE ACLARACIÓN A SENTENCIA

TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO

LUNES 08 DE FEBRERO DEL 2010

Teleamazonas suspendió sus emisiones por tres
días, desde el 22 de diciembre, por una resolución
de la Supertel.

La defensa de Teleamazonas
pidió a la Primera Sala de lo Penal de la Corte de
Justicia de Pichincha una ampliación del numeral 2 de la
sentencia emitida el 1 de febrero, que obliga al Estado a pagar
una indemnización por daños cometidos.El escrito se
entregó pasadas las 17:00 del viernes, según Pablo
Ortiz, abogado defensor del canal, quien solicitó
copias certificadas del proceso para posteriores acciones de
defensa.

El mencionado numeral ordena que, de
conformidad con la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales, la Superintendencia de Telecomunicaciones pague
a la accionante, en este caso el canal, los valores
correspondientes a una indemnización.Ortiz explicó
que la solicitud pretende una aclaración respecto del
procedimiento de cálculo que las autoridades
deberán aplicar para cancelar una indemnización o,
en su defecto, que exponga una cifra del daño
causado.

La compensación económica,
según la sentencia, debe producirse como reparación
a las pérdidas o detrimento de los ingresos generados por
la ejecución inmediata de la resolución de la
autoridad, que implicó la suspensión de emisiones
por 72 horas en diciembre.

Teleamazonas tuvo que suspender las
emisiones por incurrir en aparentes faltas administrativas, al
reincidir en la difusión de noticias basadas en supuestos.
El presidente Rafael Correa, en su enlace radial,
volvió a criticar la decisión adoptada por la
Primera Sala. "La decisión de ese Tribunal es
análoga al caso Filanbanco cuando cambiaron el delito, es
similar".

En tanto, el asambleísta Galo Lara (SP), miembro
de la Comisión de Fiscalización y Control
Político, consideró que el super-intendente de
Telecomunicaciones, Fabián Jaramillo, debe ser llamado a
juicio político tras comprobarse que el cierre de
Teleamazonas fue ilegal e inconstitucional.

FISCALÍA CONOCIÓ 82 CASOS DE LAVADO DE
ACTIVOS EL AÑO PASADO

TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO

JUEVES 25 DE FEBRERO DEL 2010

QUITO. Los miembros del Consejo de Lavado de Activos,
presidido por el procurador Diego García (d), se reunieron
la tarde del martes. En la gráfica Víctor Hugo
Briones de la UIF (c) y Carlos Marx Carrasco, director del
Servicio de Rentas Internas.

En el 2009 la Fiscalía
conoció 82 casos de lavado de activos, de los cuales solo
14 fueron originados en alertas de la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) que pertenece a la Procuraduría del
Estado.

Si bien en la ley para reprimir lavado de
activos, de octubre del 2005, ya se crea la UIF, el acoplamiento
del trabajo entre la Unidad y la Fiscalía ha sido lento.De
acuerdo con el informe del Grupo de Acción Financiera
Internacional (GAFI) que colocó al país en una
denominada 'lista negra' de países que no cooperan con las
tareas para combatir el lavado de activos y el financiamiento al
terrorismo, la UIF no se encontraba en funcionamiento aún
a septiembre del 2007.

Fuentes de la Fiscalía,
señalan que el mayor problema es la falta de rigurosidad
en la entrega sistemática de los informes. La UIF debe
proporcionar los Reportes de Operaciones Inusuales e
Injustificadas (ROII) a la Fiscalía.Sin embargo, muchos de
ellos no han contado con las argumentaciones materiales y legales
de las cuales una unidad de inteligencia debería abastecer
a la Fiscalía.

Desde julio del 2009 asumió la
dirección de la UIF, Víctor Hugo
Briones.Actualmente hay un funcionario de la UIF trabajando
permanentemente en la Fiscalía, específicamente en
la Unidad en Contra de la Delincuencia Organizada Transnacional e
Internacional, que aglutina tanto a la Unidad de Lavado de
Activos como de otros delitos relacionados con
narcotráfico, trata de personas, contrabando de animales,
entre otros. Esta unidad empezó su trabajo el 25 de enero
de este año.

La UIF acaba de emitir un ROII en este
año y prepara otros tres que serán entregados a la
Fiscalía en pocas semanas. Los detalles son
reservados.

Las causas de lavado de activos llegan a
esta Unidad desde varias fuentes. Además de la UIF, la
Policía Antinarcóticos reporta casos relacionados
con narcotráfico y lavado y el Servicio de Vigilancia
Aduanera, envía casos sobre todo de personas que intentan
ingresar dinero al país sin la declaración
correspondiente.De acuerdo con los reportes de la
Fiscalía, en el 2009 solo hubo dos sentencias en materia
de lavado de activos: una fue absolutoria en el famoso caso de
Interfeder, una captadora de dinero que de acuerdo a la
Fiscalía lavaba dinero, pero cuyos responsables fueron
sobreseídos por el Juzgado Tercero en septiembre
pasado.

La otra, una sentencia acusatoria en el caso de Omar
Fernando Domínguez que compró un bien en
Cumbayá por $ 400.000, producto de lavado de
activos.

Actualmente, en Ecuador existen cuatro casos
emblemáticos a más del Federer sobre lavado de
activos. El caso DMG, una captadora de recursos que habría
perjudicado a 8.000 ecuatorianos y por lo menos a 3 millones de
personas en Colombia y otros países. Este caso se
encuentra en consulta en la Fiscalía
provincial.

En el caso Torres Gemelas, que destapó una
supuesta red de lavado liderada por Hernán Prada Cortez,
ya hubo sentencia acusatoria, pero los acusados se acogieron a la
instancia de la casación.

Otro caso importante es el de lavado de activos de los
hermanos Ostaiza, a través de la empresa Joamy Ema. Este
es el primero que se manejará con el nuevo proceso oral,
el fiscal tiene hasta el 7 de marzo para la instrucción y
luego el juez deberá fijar día y hora para la
audiencia preparatoria del juicio.

En este caso, el Banco Pichincha reportó
operaciones inusuales a la UIF que terminó en la
detección de un delito.

Adicionalmente, se tramita el caso Gramínea, en
el cual se descubrió una supuesta red de lavado a
través de operaciones falsas de venta de arroz y de
combustibles.

Apuntes: Procuraduría pedirá
explicación

Lista negra

El procurador general del Estado, Diego
García Carrión, pedirá una
explicación al Grupo de Acción Financiera de
Sudamérica (Gafisud) de por qué incluyó a
Ecuador en una nómina de los países que no cooperan
en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento al
terrorismo.

AvancesSegún el funcionario,
el Gafisud conoce de cerca los avances que en estos temas ha
tenido el país y comentó que en abril
próximo estaba pendiente una visita de alto nivel de
representantes de ese organismo para evaluar esos
progresos.CuestionamientoGarcía, quien
cuestionó la inclusión de Ecuador en la denominada
"lista negra" de países que no cooperan en esa materia, no
es entendible que el Gafisud haya tomado parte de esta
decisión, dos meses antes de su visita, cuando existe una
posición totalmente diferente en el Ecuador.

PECULADO SE JUZGA CON INFORME DE CONTRALORÍA

TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO MARTES 04 DE MAYO DEL 2010

El contralor general del Estado, Carlos Pólit,
aseguró que los indicios de responsabilidad penal son
enviados a la Fiscalía.

La Corte Nacional de Justicia (CNJ)
resolvió que para el inicio de la instrucción
fiscal en casos de enriquecimiento ilícito, se requiera el
informe previo de la Contraloría del Estado, en el que se
determinen los indicios de responsabilidad penal.

La resolución, publicada en el
Registro Oficial N° 154 del 19 de marzo del 2010, surge tras
la consulta formulada a la CNJ por la Contraloría General
del Estado.La disposición también aclara que para
el inicio de la indagación previa no se requiere el
referido informe, pero añade que tan pronto el Fiscal
conozca de hechos presumiblemente constitutivos de peculado y
enriquecimiento ilícito, este debe pedir a la
Contraloría la práctica de una
auditoría.

Señala que en caso de que el informe
establezca indicios de responsabilidad penal hay lugar para el
inicio de la instrucción fiscal.

Las normas previstas en la
resolución regirán para lo futuro y se
aplicarán únicamente para las causas que se
iniciaren a partir de su promulgación.El contralor general
del Estado, Carlos Pólit, aseguró que cerca de 600
informes con indicios penales de peculado han sido remitidos a la
Fiscalía.

"El seguimiento de los informes de
Contraloría tienen que ser efectivos. No es justo que se
siga terminando con las acciones de control, falleciendo en las
cortes. Y eso le he pedido al Fiscal General, en una
reunión que tuvimos el día siguiente, me
manifestaba que él solicitaba las órdenes de
prisión en muchos casos, las medidas cautelares, pero los
jueces no favorecían el pedido del fiscal", expresó
en Teleamazonas.

Señaló que los indicios
siempre van a manos del Fiscal para que determine si acusa o no.
"Lo que pasa con esta resolución de la Corte es que ya no
se iniciarán las indagaciones que duran dos años -y
la instrucción fiscal 90 días-. Hay una diferencia
de tiempo y no sé si es por eso que la Corte
determinó de esta manera o que efectivamente la ley se
ajusta así. Pero el juez de cuentas del Estado ecuatoriano
es el Contralor General del Estado", explicó.De su parte,
el ex magistrado de la desaparecida Corte Suprema de Justicia,
Mauro Terán, sostuvo que la resolución que
dictó la CNJ no puede tener un efecto de reforma legal
porque estaría legislando.

Calificó de absurda la disposición de la
CNJ porque convierte al Contralor en una especie de fiscal, pues
su informe equivaldría a un dictamen acusatorio o
absolutorio antes de que se inicie alguna acción, lo que
en su opinión es grave porque la Contraloría solo
tiene óptica contable, no analiza pruebas ni actitudes.Por
ejemplo, advirtió, "un caso de peculado puede estar
proyectado en función de cohecho o de concusión y
eso ya no tiene que ver la Contraloría que lo único
que admite son aspectos contables para determinar si existen
faltantes o mal uso de recursos".

Dijo que la disposición favorece a los
funcionarios públicos, porque en el momento que haya un
Contralor de vista y paciencia del Ejecutivo nunca
encontrará delito de peculado.

VigenciaLa resolución de la Corte Nacional
de Justicia (CNJ), respecto del delito de peculado, fue publicada
en el Registro Oficial del 19 de marzo del 2010 y rige desde esa
fecha.

PICHINCHA DESLINDA PROPIEDAD DE CANAL

TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO

MIÉRCOLES 10 DE MARZO DEL 2010

QUITO

Banco Pichincha negó nuevamente ser
accionista o propietario del canal Teleamazonas, tal como
afirmó en su último enlace sabatino el mandatario
Rafael Correa, quien cuestionó un fallo que
favoreció al medio.

El presidente adjunto, Antonio Acosta
Espinosa, indicó que la institución nunca mantuvo
garantía por los créditos otorgados al señor
Eduardo Granda Garcés, accionista del canal de
televisión.

"Hago referencia a las aseveraciones del
señor Presidente quien, en su intervención de este
sábado 6 de marzo, asegura que Banco Pichincha
quitó Teleamazonas a los herederos del señor
Granda, ante la imposibilidad de ellos de pagar un
préstamo", señaló Acosta mediante oficio
dirigido a este Diario.Por ello enfatizó que la entidad
nunca ha sido accionista ni dueña del canal.En tanto,
hasta ayer, el Gobierno no presentaba el recurso de
casación (cambio de jueces) por un fallo que
favoreció al medio, ni la queja ante el Consejo Nacional
de la Judicatura.

El ministro de Telecomunicaciones, Jorge
Glas, anunció el pasado miércoles que
interpondrá un recurso de casación a las
resoluciones de la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo
Contencioso Administrativo, que dictaminó que las
sanciones impuestas al canal no tienen valor jurídico
alguno.

Tiene cinco días hábiles para
presentar el recurso.

Aquel día también
advirtió con presentar una queja a la Judicatura para que
se investigue la actuación de los jueces, "quienes en dos
ocasiones dictaron sentencia a favor de Teleamazonas,
argumentando que el silencio administrativo es aplicable en este
tipo de procedimientos sancionatorios".Correa tildó de
"barbaridad" el fallo y dijo que el régimen se enfrentaba
a dos poderes: el financiero e informativo.

FINALIZÓ VALORACIÓN DE TELEAMAZONAS

TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO

LUNES 29 DE MARZO DEL 2010

QUITO. Hasta el 30 de abril próximo
la televisora recibirá las cartas de intención de
los interesados en comprar el canal.

Teleamazonas informó, a
través de un comunicado que fue publicado en la
edición de ayer de diario Hoy, que el proceso de
valoración de la empresa ha concluido y que hasta el 30 de
abril próximo se recibirán las cartas de
intención de quienes estén interesados en adquirir
la televisora.

El precio del canal se mantiene en reserva,
por el momento, informaron sus ejecutivos.Las empresas Iberworm y
Proventus –que fueron contratadas por el canal luego de un
concurso– realizaron el avalúo. Sebastián
Corral, gerente de Teleamazonas, y Abel Castillo, representante
de los accionistas, manifestaron ayer que no tienen
autorización para dar declaraciones ni detalles de la
operación.

En el comunicado del diario capitalino,
Teleamazonas manifiesta que las cartas de intención de los
posibles compradores deberán evidenciar su idoneidad tanto
moral como financiera.

Las solicitudes se receptarán en la oficina
matriz de la televisora, ubicada al norte de Quito, en las
avenidas Antonio Granda Centeno y Brasil.

El proceso de venta del canal se inició en
septiembre del año pasado, en cumplimiento de la
vigésima novena disposición transitoria de la
Constitución redactada en Montecristi.

En el segundo inciso de ese acápite se establece
que "las participaciones accionarias de las personas
jurídicas del sector financiero, sus representantes
legales y miembros del directorio, y accionistas que tengan
participación en el capital pagado de medios de
comunicación social, deberán ser enajenadas en el
plazo de dos años a partir de la entrada en vigencia de
esa Constitución (que rige desde el 20 de octubre del
2008)".

Los dos años se cumplirán el
próximo octubre.

Según datos del Gobierno, Teleamazonas
está vinculado al grupo financiero del Banco
Pichincha.

HOY, AUDIENCIA EN JUICIO CONTRA PERIODISTA

TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO

VIERNES 04 DE JUNIO DEL 2010

Emilio Palacio (d) y Camilo Samán (2º desde
la i) en la audiencia del pasado 22 de marzo, en el Juzgado
Segundo de lo Penal.

A las 11:00 de hoy está convocada la audiencia en
la que se resolverán los recursos de apelación y
nulidad dentro del juicio por injurias planteado en contra del
periodista Emilio Palacio Urrutia, por el presidente de la
Corporación Financiera Nacional (CFN), Camilo
Samán, uno de los más cercanos colaboradores del
presidente Rafael Correa desde los tiempos de su primera
campaña presidencial.

La diligencia tendrá lugar en la Tercera Sala de
lo Penal de la Corte de Justicia de Guayaquil que tiene a cargo
el proceso que lo inició la jueza temporal del Juzgado
Segundo de Garantías Penales, Carmen Alicia Argüello,
quien el pasado 26 de marzo sentenció al columnista de
Opinión de EL UNIVERSO a tres años de
prisión y a pagar $ 10 mil de gastos
procesales.

La decisión de Argüello se
basó en el artículo de opinión titulado
"Camilo, el matón", publicado por el comunicador en este
Diario, en agosto del 2009. La nota de opinión tuvo como
antecedente una noticia de este Diario sobre el índice de
morosidad de la CFN en los microcréditos, y cuyas fuentes
fueron reportes de la Superintendencia de Bancos y la misma
Corporación. La noticia motivó que un grupo de
supuestos morosos que resaltaban la ayuda de Samán
acudiera a reclamar de forma airada en las afueras de este
periódico.La defensa de Palacio presentó el recurso
de apelación y nulidad de la sentencia. Entre otros
aspectos, sostiene que la jueza temporal "actuó sin
competencia" porque antes de que ella dictara la sentencia, un
fallo de la jueza primera de la Familia, Mujer, Niñez y
Adolescencia, Alemania Centeno, del 3 de ese mes, ordenaba la
restitución del juez titular de ese despacho, Luis
Santana.Jorge Alvear, asesor legal de Palacio, manifestó
hace unos días que en el momento que Centeno dictó
su resolución, "Santana debió ser restituido. Pero
eso no ocurrió y continuó Argüello que es una
jueza temporal".

Santana, junto con otros seis de sus
colegas fue destituido por el Consejo de la Judicatura (CJ) por
"irregularidades" cometidas en el trámite del caso de
narcotráfico Huracán de la Frontera, donde se
decomisaron más de 4 toneladas de cocaína en
Esmeraldas.

Por su parte, Samán presentó
a través de su abogado, Gutenberg Vera, el recurso de
apelación de la sentencia. El titular de la CFN dijo que
esperaba que la Sala imponga cinco años de prisión
contra el comunicador, en lugar de los tres que le dictó
Argüello.

Samán y Vera han señalado que la jueza
actuó de forma legal y han rechazado declaraciones de
Palacio y de Alvear, en el sentido de que lo actuado por
Argüello es nulo.

Palacio ha indicado que está dispuesto a ir a la
cárcel y desde allí continuar defendiéndose,
mientras que Samán insiste en que espera que el periodista
se disculpe.

COMPRAS AL EXTERIOR CRECEN AL IR ELIMINÁNDOSE
SALVAGUARDIAS

TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO

LUNES 28 DE JUNIO DEL 2010

QUITO. Los cosméticos, al igual que
vehículos, vinos y otros productos están recibiendo
el desgravamen del arancel impuesto en enero del 2009.

Cuando en Ecuador está por concluir en julio
próximo el proceso de eliminación de salvaguardias
a la importación de bienes de consumo (alimentos, ropa,
cosméticos, entre otros), las compras al exterior van en
aumento.

De acuerdo con las cifras publicadas por el Banco
Central del Ecuador, las importaciones entre enero y abril de
este año superaron los 4,08 millones de toneladas,
mientras que en el 2009 estas fueron de más de 3,57
millones.

Según el Termómetro Económico de la
Cámara de Industrias de Pichincha durante estos dos
periodos, las compras al exterior crecieron el 22,3%.
Además señala que del total de importaciones
realizadas durante los cuatro primeros meses del año, el
16,45% corresponden a productos bajo la restricción de
salvaguardia.

En enero del 2009 comenzaron a regir estos aranceles
para 627 productos (subpartidas) provenientes de todos los
países, con el objeto de equilibrar la balanza de
pagos.

No obstante, a inicios de este año entró
en vigencia la Resolución 549 del Consejo de Comercio
Exterior e Inversiones (Comexi), que establecía un
cronograma de desgravamen cada dos meses. La primera
reducción se realizó en enero (10%), la segunda en
marzo (30%), la tercera en mayo (30%) y la última
está prevista para el próximo mes (30%).

Para Daniel Legarda, del Centro de Investigación
y Análisis de Políticas Públicas, aunque
esto es resultado de la recuperación del comercio mundial,
la eliminación de las salvaguardias también tuvo
incidencia.

Aunque esta tendencia puede mantenerse, explicó
Legarda, que a medida que se va reduciendo el recargo
arancelario, el Gobierno está creando medidas permanentes
para determinados sectores.

Este es el caso del calzado y la ropa, los cuales
están gravados con un arancel mixto que entró en
vigencia el 1 de junio.

María Fernanda León, directora ejecutiva
de la Asociación Ecuatoriana de Venta Directa,
indicó que en el sector de los cosméticos las
importaciones pasaron de $ 35"364.356 (febrero-abril) a $
36"581.278, en el mismo periodo del 2010.

Pese al incremento, dijo, que tampoco las empresas
cosméticas buscan generar una ola de importaciones, pues
con las salvaguardias muchas invirtieron en maquinaria y recurso
humano para la producción local.

En el sector automotriz también se manejan con
cautela. Clemente Ponce, de la Asociación Ecuatoriana de
Empresas Automotrices del Ecuador, manifestó que si bien
han aumentado ligeramente las compras al exterior en
relación a enero del 2009, lo más probable es que
estos niveles se mantengan en lo que queda del año, pues
la demanda no está en función de las
salvaguardias.

Explicó que para este año prevén
que habrá una recuperación de la caída del
18% registrada el anterior, como consecuencia de la
disminución de las ventas, que generó a su vez
menores importaciones y ensamblaje local.

Blasco Peñaherrera Solah, presidente de la
Cámara de Comercio de Quito, consideró que la
disminución de las salvaguardias indudablemente sí
vuelve a los productos extranjeros más atractivos.
Asimismo, señaló que el incremento de las
importaciones en bienes de consumo solo demuestran que el sector
productivo no pudo responder a la demanda local ni competir con
el contrabando.

Exportaciones también crecieron

Las exportaciones en millones de dólares (FOB)
registraron un crecimiento en el primer cuatrimestre del 2010, en
comparación con igual periodo del 2009, según
cifras del Banco Central. Esto a pesar de que el volumen de las
ventas fue menor.

Así, por este concepto ingresaron $ 3.680
millones y 9,2 millones de toneladas en el 2009, y $ 5.607
millones y 8,8 toneladas en el 2010

Entre los productos industrializados, donde se
registró mayor crecimiento entre enero y mayo de este
año, están: maderas terciadas y prensadas (52%),
papel y cartón (48%), café elaborado (44%) y harina
de pescado (42%), según el Termómetro
Económico de la Cámara de Industrias de
Pichincha.

EMPRESA DE LOS OSTAIZA LAVÓ DINERO, DICE
FISCALÍA

TOMADO DEL DIARIO EL UNIVERSO

JUEVES 26 DE AGOSTO DEL 2010

QUITO. Ariolfo Ostaiza (d), padre de Édison (i) y
Miguel Ostaiza (c), implicados en un supuesto delito de lavado de
activos, en el caso Huracán de la Frontera, durante la
audiencia de juzgamiento.

Un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras
(UIF) y los testimonios de investigadores y peritos que
detectaron las transacciones irregulares de la empresa Jooamy Ema
sustentaron las acusaciones de la Fiscalía en contra de
Jefferson Ostaiza y sus hermanos, Édison y Miguel, por el
delito de lavado de activos.El informe y dichos testimonios,
según la Fiscalía, determinan que la empresa
familiar de promoción de artistas (Jooamy Ema) fue
utilizada por los tres hermanos Ostaiza como una pantalla para
lavar dinero ilícito, proveniente del tráfico de
estupefacientes.

Las acusaciones fueron sostenidas por la fiscal Fanny
Altamirano, durante la audiencia de juzgamiento que se
instaló ayer, en el Tribunal Octavo de lo Penal de
Pichincha.

Según la Fiscalía, el extenso informe de
la UIF y los informes de los bancos dieron las alertas sobre las
operaciones sospechosas de la empresa, que servía para
captar fondos ilícitos, que luego eran depositados en las
instituciones del sistema financiero.

En alrededor de seis meses, Jooamy Ema realizó un
concierto de salsa en el que se gastaron $ 800 mil y prepararon
la presentación del grupo de rock latino Maná, que
se frustró por una estafa a los empresarios.

Los acusados adquirieron una hacienda en Pedernales
(Manabí) para la cría de camarones con un
crédito de $ 7 millones de la Corporación
Financiera Nacional (CFN) y analizaron la construcción de
una fábrica de balanceado y la adquisición de una
torre de exploración petrolera.

Para este último proyecto hablaron
de $ 7 millones.

Pese a que la defensa de los Ostaiza
defendió la inocencia de sus clientes, la Fiscalía
insistió que en el corto tiempo de operación,
Jooamy Ema, gastó $ 4,5 millones pero reportó cero
en ingresos.

En este caso fueron citados alrededor de 60
testigos, entre ellos, el ex ministro de Gobierno, Gustavo
Larrea; el coronel Jorge Brito; el ex director de la Unidad de
Investigaciones Especiales, Manuel Silva; y Fabricio Correa,
hermano del Mandatario, quien llegó ayer al Tribunal pero
dijo que no conocía la razón para su
convocatoria.

A más de este caso, los hermanos
Ostaiza son procesados en la Corte Provincial de Esmeraldas por
el delito de tenencia ilegal de 4,5 toneladas de
cocaína.Audiencia: Judicial

Diligencia Está previsto que
la audiencia de juzgamiento a los Ostaiza continúe hoy con
la recepción de nuevos testimonios.

Dinero La investigación de la
Fiscalía determinó, además, que el dinero
llegaba desde Puebla (México) hasta el Ecuador a
través de transferencias bancarias internacionales a
bancos locales en cuentas de varias personas

Conclusiones

El canal de televisión Tele amazonas es
acusado de difundir información basada en supuestos y
que, según el Conartel, pudo haber alarmado a la
sociedad civil ecuatoriana.
Estamos actuando responsablemente y en
función a lo que determina la Ley de
Radiodifusión y Televisión.
Esto es otra muestra del grado de
descomposición de nuestra justicia y del poder inmenso
que estamos enfrentando: informativo y financiero, pero no
daremos marcha atrás.
Para este tipo de infracciones deberán
aplicarse una sanción económica del 100%
del máximo de la multa contemplada en la Ley de Radio
y Televisión. Esta es de10 salarios
mínimos.

Recomendaciones

Regular los contenidos de los programas y las
informaciones que transmiten los medios
audiovisuales.
Generar mayor interés en la opinión
pública.
Evitar trasmitir información basada en falsos
y al mismo tiempo disminuir la presentación de
imágenes obscenas.